Hoy el país debate sobre el proyecto de reducción de jornada laboral presentado por la Diputada Camila Vallejos y el proyecto de adaptabilidad laboral que impulsa el Ejecutivo. Si bien ambas iniciativas buscan hacerse cargo de una nueva realidad laboral, no está claro cuál es la más adecuada para el Chile de hoy.

El cambio de paradigma que han provocado las tecnologías de la información ha influido en prácticamente todos los ámbitos productivos, lo que ha llevado a cuestionar, entre otras cosas, si es indispensable que un trabajador deba trasladarse de su casa al trabajo y viceversa todos los días para cumplir con sus obligaciones laborales.

Otro de los aspectos que ha ido cobrando mayor relevancia es la mejora de la calidad de vida de los trabajadores. En este sentido, una reducción de la jornada laboral es una medida que apunta a que las personas puedan disfrutar de más tiempo libre, bajo la premisa de que un trabajador más feliz presentaría mayores índices de productividad.

La realidad nacional, en este sentido, es bastante rígida, estableciendo un máximo de 45 horas laborales por semana, quedando exentos de ese límite los “agentes comisionistas y de seguros, vendedores viajantes, cobradores y demás similares que no ejerzan sus funciones en el local del establecimiento”. También, el Código del Trabajo establece que solo los trabajadores que formen parte de una empresa con un nivel de sindicalización superior al 30%, podrán negociar o pactar flexibilidad de jornadas laborales.

¿Y cómo estamos en comparación con la realidad internacional? De los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Chile ocupa el quinto puesto en el ranking de más horas trabajadas por año, con 1.941 horas/año, solo por debajo de México, Costa Rica, Corea del Sur y Grecia, que son los países que más horas trabajan al año, de acuerdo al Informe de Perspectivas de Empleo del organismo internacional, publicado en 2017. Estas cifras contrastan con la realidad de países europeos, como Francia, que ocupa el penúltimo puesto, con 1.520 horas/año; y Alemania, en el último lugar, con 1.363 horas/año.

Estos son los antecedentes que han motivado tanto al oficialismo como a la oposición a proponer proyectos que modifiquen el Código del trabajo, con miras a reducir la jornada laboral y a responder de manera más eficiente a las nuevas exigencias de un mundo laboral globalizado y digitalizado.

La Propuesta Vallejo
En marzo de 2017, durante el último año de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, la Diputada Camila Vallejo (PC) publicó el proyecto de reducción de la jornada laboral, iniciativa que durmió el sueño de los justos durante casi dos años. En el primer semestre de 2019, la diputada inició una ofensiva comunicacional para reflotar la propuesta, esfuerzo que se vio coronado el miércoles 24 de julio: tras una prolongada discusión, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto, con siete votos a favor y seis abstenciones de parlamentarios oficialistas. Esto significa que nuevamente debe discutirse en la misma Comisión y, luego de superar ese trámite, pasaría a Discusión en Sala, antes de su eventual aprobación.

¿En qué consiste la propuesta de la Diputada Vallejo? Básicamente, en la reducción de 45 a 40 horas de trajo semanales, como máximo, manteniendo la rigidez horaria del sistema actual. En este proyecto, el trabajador no tiene poder para elegir de qué forma distribuir sus horas y se mantienen los 5 días de trabajo semanales. Por último, su aplicación sería de forma inmediata, con excepción de las Pymes, que tendrán un periodo de gradualidad de 3 años para su puesta en marcha.

De acuerdo a lo manifestado por la parlamentaria comunista, el proyecto influiría en la creación de entre 200 mil y 300 mil nuevos empleos.

La propuesta oficialista
El gobierno del Presidente Sebastián Piñera ha contraatacado con un proyecto que busca modificar las relaciones laborales, sumando a la reducción de la jornada el concepto de flexibilidad laboral. Esto, tomando en consideración la calidad de vida de los trabajadores y reconociendo que, en la actualidad, los procesos productivos no son constantes y estables, por lo que un sistema laboral rígido podría resultar perjudicial para la productividad de las empresas.

Las principales ideas-fuerza del proyecto de adaptabilidad y flexibilidad laboral consisten en una reducción de 45 a 41 horas semanales promedio, con flexibilidad de horario, donde el trabajador podría acordar con su empleador cómo distribuir sus horas. Por ejemplo, en una fórmula de cuatro días de trabajo y tres de descanso, o modificando el horario de inicio y término de la jornada. Esta propuesta se aplicaría de forma gradual, teniendo un trato especial con las Pymes en esta materia.

El pasado 8 de agosto, el ministro del Trabajo Nicolás Monckeberg ingresó el proyecto al Senado con suma urgencia con el objetivo de agilizar su tramitación.

Este debate entre la reducción de jornada y la flexibilidad laboral se ha transformado en una disputa tan política como mediática, convirtiendo incluso a los matinales en escenario de debate. Cada proyecto cuenta con adherentes y detractores, sin embargo, al parecer existe un consenso transversal en que el código que rige las relaciones laborales debe ser modificado, con el objetivo de redactarlo con una perspectiva de futuro.

De existir un consenso transversal en el sentido de modificar las leyes que rigen al empleo, los principales actores políticos –gobierno, legisladores, representantes empresariales y de los trabajadores- deberían sentarse alrededor de una mesa y resolver el debate de forma colaborativa, que es la modalidad de trabajo más productiva en la actualidad.